RESOLUCIÓN DEL SAG. El documento publicado en el Diario Oficial establece una serie de obligaciones para agricultores. Tres puntos generan rechazo en Los Ríos.
Medidas adoptadas de forma centralizada, sin considerar la realidad de las regiones ni del campo, así calificó la Sociedad Agrícola y Ganadera de Valdivia, Saval F.G., las obligaciones contenidas en la resolución del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) sobre compraventa, almacenaje, manipulación y aplicación de plaguicidas de uso agrícola.
La resolución establece más de 20 obligaciones, cuya entrada en vigencia tiene un plazo de doce meses o de 24 meses (agricultura familiar campesina e indígena) desde su publicación en el Diario Oficial, lo cual ocurrió el pasado lunes 20 de enero. Además, señala que su incumplimiento será sancionado.
Tres puntos
En particular, la organización gremial expresó su desacuerdo con tres puntos, así lo informó la directora ejecutiva de Saval F.G., Marcela Espinoza.
El primero, la exigencia de un inventario detallado de los plaguicidas presentes en sus bodegas, junto con la documentación de compra, en formato físico o digital, para presentarlo ante fiscalizaciones del SAG. Al respecto, indicó que esto significa una gestión administrativa que podría resultar compleja para los pequeños productores y si bien señaló que esta documentación sí la poseen los agricultores, en los campos medianos habitualmente es manejada por los contadores que están en la ciudad.
Segundo, la obligación de aviso previo -con al menos 48 horas de anticipación al SAG- de la aplicación de plaguicidas, incluyendo información detallada. Y en caso de situaciones de emergencias climáticas y/o situaciones no previstas, el aviso podrá ser enviado al Servicio, con al menos, 24 horas de anticipación. "Éste es el más complicado. Avisar con 48 horas de antelación, cuando el agricultor depende de las condiciones climáticas, de las condiciones del cultivo, qué es lo que va a aplicar puede decidirlo en el día, puede cambiar de agroquímico dependiendo de todos los que son factores naturales y no controlables por el agricultor", explicó. Por otra parte, indicó que para los productores más pequeños esta obligación presenta mayor complejidad, ya que "dependen de los prestadores de servicio", quienes -detalló- organizan de acuerdo a sus tiempos la realización de estos trabajos, "no sé en qué campos están pensando, quizás en aquellos en donde hay una condición climática más estable", cuestionó.
Y, por último, apuntan a la autorización para reingreso de los trabajadores a un área tratada, esto significa que -según indica la resolución- "debe generarse una autorización expresa, emanada por la administración del predio o la empresa aplicadora responsable, en formato papel o electrónica, que señale la fecha y hora en la que terminó la aplicación y la hora a la que pueden reingresar los trabajadores". Ante esta medida, la directora ejecutiva de Saval F.G. planteó que introduce mayores requisitos burocráticos, así como posibles riesgos laborales si no se gestiona adecuadamente, y planteó que no considera las condiciones en que desarrollan las labores agrícolas los pequeños productores, quienes no siempre cuentan con oficina, conectividad y personal administrativo.
En esa línea, hizo el llamado a las autoridades a tomar en cuenta las reales condiciones de los campos del sur de Chile, "campos pequeños, agricultura familiar campesina, perfil Indap, medianos, que no tienen la infraestructura ni la logística, y aquí hasta el agricultor más grande es esclavo del tema agroclimático: no es posible que las autoridades del SAG no consideren estos factores que son tan importantes...", expuso.
"Aquí hasta el agricultor más grande es esclavo del tema agroclimático: no es posible que las autoridades del SAG no consideren estos factores que son tan importantes...." Marcela Espinoza, Directora ejecutiva Saval F.G.
Fuente: Diario Austral Región de los Ríos
