De acuerdo a la metodología del INE, el 13% de la población de Chile habita en zonas rurales. Sin embargo, al usar la definición de la OCDE esta sube a 30%. El cambio en el porcentaje es determinante a nivel de políticas públicas, que impactan en la calidad de vida de esas personas, lo que hace que migren a la ciudad, incidiendo en la productividad de esas zonas.
Es un tema clave para decidir políticas públicas y mejorar la calidad de vida de las personas que habitan fuera de los centros urbanos, definir y medir la población rural en Chile ha sido complejo.
«Mientras el INE (Instituto Nacional de Estadísticas) estimaba que el 13% de los chilenos habitaban en zonas rurales, el Banco Mundial, en 2005, y posteriormente la OCDE, en 2014, fijaron esa cifra en 32% y 35%, respectivamente», plantea Alberto Valdés, investigador asociado de la Universidad Católica y consultor en Odepa, (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura).
Las diferencias son por un desacuerdo en cómo definir la población rural: «El INE solo consideraba las localidades de menos de 2 mil habitantes, pero el Banco Mundial y la OCDE incorporaron un criterio de mayor densidad de población y lejanía; es decir, tiempo de viaje a centros urbanos de cierto nivel de población», detalla Valdés. Este último criterio ha sido incorporado por el actual Ministerio de Agricultura (Minagri) en su estrategia de desarrollo rural territorial.
Tener una tasa menor de ruralidad impacta a nivel de políticas públicas y en la calidad de vida de esos habitantes. «Si la cifra real es aproximadamente el doble, implica que se incorporan como rurales muchas localidades adicionales, lo que plantea un enorme desafío institucional y presupuestario, incluyendo el mayor costo de elevar el acceso de esa población a mejores servicios básicos -como educación, salud, vivienda y agua potable-, caminos rurales y conectividad de internet», enumera Valdés.
La definición de ruralidad no es absoluta, advierte William Foster, profesor titular del Departamento de Economía Agraria de la Universidad Católica. «Debe ser funcional y relevante a las políticas, y a las visiones que están impulsando las políticas. ¿Qué densidad y qué distancia determinan las comunidades en que debemos focalizar los subsidios?», se pregunta el experto. Da un ejemplo: si se evalúa el impacto de políticas agrícolas en el desarrollo económico en zonas menos densas y relativamente remotas, «sería muy importante -en términos del número de impactados, como del costo total- definir si hablamos del 10% de la población, o del 25 o 30% de ella».
El impacto en la productividad
Más allá de la cifra, una de las implicancias de esta subestimación es que el país pierde capacidad productiva, porque las personas que viven en el campo tienden a irse a la ciudad, buscando mejorares condiciones de vida. Foster explica que, en la medida en que una subestimación de la población rural contribuye a una menor atención del público y de los políticos, «resultando en una subinversión en bienes públicos en zonas rurales -porque los impactados son considerados pocos-, sí podría darse una reducción en la capacidad productiva de esas zonas, incluyendo la agricultura, pero también en actividades no agrícolas. Entonces, ha contribuido indirectamente a la migración a ciudades».
El impacto de la subrepresentación del mundo rural en el país se relaciona con temas de empleo y de migración campo-ciudad.
«El retraso en el acceso a servicios básicos y conectividad en zonas rurales, reduce el atractivo para la inversión privada en dichas regiones, lo que conlleva menores oportunidades de empleo bien remunerado, acelerando la migración rural-urbana», indica Valdés.
Si se toman las definiciones de la OCDE para cuantificar lo rural, se puede llegar a establecer que el 34,6% de la población vive en áreas rurales, desde 13,1% que es la medición actual del INE, confirma Luiz Carlos Beduschi, oficial de Políticas en Desarrollo Territorial de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Se trata, además, de entender que estas regiones viven en dinámicas rurales. «Por eso el tipo de políticas públicas que se requieren son distintas a las que necesitan las zonas urbanas», recalca. En ese sentido, cree que el impacto del cambio en la definición puede ser de «proporciones importantes, no solo en la asignación de recursos públicos, sino que también en el sentido de las políticas destinadas al mundo rural».
El problema, agrega Beduschi, es que la manera como se mide hoy la ruralidad deja fuera muchos aspectos de las realidades locales.
«Muchos territorios que son esencialmente rurales aparecen, bajo la medición, como urbanos. El problema con el actual criterio no solo es que subrepresenta la ruralidad, sino que también define como urbanos muchos territorios que operan bajo dinámicas rurales».
En su análisis, una mirada más contemporánea implica reconocer un cambio significativo en el mundo rural. «Admitir su creciente complejidad, las interacciones entre lo urbano y lo rural y, por sobre todo, reconocer que una fracción importante del territorio es rural, se conecta con la agricultura, la agroindustria, los recursos naturales y la pesca de una manera trascendental, que definen sus estrategias de vida y las demandas de esos territorios por políticas públicas consistentes con esas demandas», enfatiza Beduschi.
Un dato clave es que, si se toma la tipología utilizada en los países de la OCDE, el país concentra el 82% de la superficie en comunas rurales, «con un sector agrícola que contribuye a la seguridad alimentaria de la población nacional y también a nivel mundial como exportador en algunos rubros importantes. Además, si consideramos las variables ambientales y el uso de los recursos naturales, en un contexto de cambio climático, contar con instrumentos y criterios que puedan medir de forma acertada la ruralidad es clave en un país como Chile», asegura el oficial de la FAO.
Fuente: Economía y Negocio del Mercurio
