Los ataques causados por perros, lejos de disminuir tras la promulgación de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía (Nº 21.020), persisten con un alto impacto en comunidades urbanas y rurales.
A fines del mes pasado, una vecina (35) de la población Los Almendros, en Llolleo (Región de Valparaíso), resultó con serias lesiones debido al ataque de cuatro canes que salieron de una vivienda del sector. La víctima cayó al suelo desestabilizada por los animales y sufrió mordeduras en una de sus piernas, cadera, antebrazo y brazo.
Mientras que la semana pasada, en un sector rural de Santa Juana (Biobío), un hombre (80) sufrió heridas de máxima gravedad tras la feroz embestida de dos animales. Al afectado debieron amputarle los brazos tras las múltiples lesiones. También recibió mordeduras en el rostro.
“Carabineros tomó conocimiento del ataque de dos perros de raza pitbull a un adulto mayor, quien habría ingresado al predio particular de su vecino y habría sido atacado”, dijo el teniente Rodrigo Faúndez, de la Tenencia de Santa Juana.
Ayer, además, en Cartas al Director de “El Mercurio”, el agricultor Julio Astorga, de Caleu (Tiltil), señaló que este año los perros le han matado 22 cabras.
Gabriel Zeballos, fundador de la agrupación Mascotalerta, afirma que la principal dificultad que hoy existe para el control de canes se origina por la escasa fiscalización de los municipios. Una labor que mandata cumplir a estas entidades la denominada Ley “Cholito”, como también a la autoridad sanitaria.
“Hay masas de perros que están abandonados. Hay una tolerancia tan alta de las autoridades municipales ante la falta de tenencia, que esto ha permitido que cualquiera hoy bote un perro. Les da lo mismo. Lo he visto mil veces, porque hay municipalidades para las cuales este tema no es prioridad”, dice.
Según un informe de Transparencia, obtenido por Mascotalerta a inicios de año, un total de 66 comunas no contaba con ordenanza sobre tenencia de mascotas, mientras que 130 no la habían actualizado.
Ante los también constantes ataques al ganado doméstico y la fauna nativa, resulta prioritario mejorar y aplicar con rigor la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, asevera Carlos Guerra, doctor en biología y director del Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad de Antofagasta.
“Lo que nos queda es mejorar la llamada ‘Ley Cholito', o si no, ir por una nueva ley. Es importante aclarar que no existe evidencia de poblaciones de perros realmente asilvestrados que no dependan de alguna forma, directa o indirecta, del ser humano. La ley tiene errores que podríamos decir que son intencionadamente definidos, como el de los perros comunitarios”.
“No puede haber un animal del cual no conocemos su conducta ni su historia, circulando libremente en las calles; y que la ley estime que a ese animal no se le puede hacer nada. Ahí hay un error legislativo”, añade.
De acuerdo con la norma Nº 21.020, las ordenanzas municipales no podrán permitir la utilización de métodos que admitan el sacrificio de animales como sistema de control de la población animal. Esta prohibición se extiende a todos los servicios públicos, así como también a las organizaciones de protección animal.
Carlos Samur, abogado jefe de la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío, detalla que la ley define que quienes posean como mascotas especímenes caninos potencialmente peligrosos; o con historial de agresiones, deben cumplir una serie de requisitos. “Entre estos, ser mayor de 18 años, que haya circulación en las vías públicas con arnés y correa. Además, contratar un seguro de responsabilidad civil. Cuando se encuentren en un domicilio, tenerlos con un cerco seguro y lugar adecuado. Las personas que sean responsables de estos animales se exponen a responsabilidades penales”.
Fuente: El Mercurio
