Preocupación ronda en el sector agrícola debido a una nueva norma de regulación sobre el sector agropecuario, esta vez referente a las emisiones de gases decretada por el Ministerio del Medio Ambiente, cuya puesta en marcha sería a contar de octubre.
Esta medida regularía las emisiones máximas de contaminantes de tractores y no de otro tipo de vehículo, estableciendo para los importadores deban tener un certificado de emisiones previo al ingreso del equipo al país (estándar Euro VI).
Este nuevo requerimiento para el mundo agrícola, que exige cumplir con nuevos estándares para maquinaria pesada, ha generado rechazo en el sector. Si bien es cierto que la intención es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, esta medida parece desacertada, ya que las emisiones de nuestras máquinas agrícolas apenas impactan el medio ambiente, especialmente considerando el entorno donde operan, no siendo más de dos mil tractores al año los que se importan.
Por muchos años, importar tractores desde países como México y Brasil se ha vuelto la opción más viable debido a costos significativamente inferiores frente a los europeos, ya que estos son muchos más caros que los mexicanos y brasileños. Además costaría un 10% más por cumplir con normativas de este tipo. Por otro lado, México y Brasil, no están dispuestos a incorporar este estándar para Chile, dado que nuestro mercado es muy pequeño para ellos. Esta disparidad encarece la adquisición de equipos y, en última instancia, limita la mecanización agrícola necesaria para maximizar la producción y competitividad del sector.
La normativa medioambiental referida está lejos de llegar a ser implementada en países latinoamericano. Con normas como estas, quedamos claramente en desventaja ante nuestros competidores internacionales, ya que a nivel nacional se verá un aumento de los costos de producción, teniendo un efecto en la economía del consumidor final que adquiere productos nacionales.
Las emisiones de carbono del sector agropecuario chileno representan el 0.0125% (o sea 5 de 40 mil Megatoneladas) de las emisiones globales. Es crucial que cualquier regulación considere la realidad del agro nacional y sus efectos en los pequeños y medianos agricultores, quienes son fundamentales para la seguridad alimentaria del país. Instamos a una revisión exhaustiva que equilibre la protección ambiental con las necesidades prácticas y económicas para la agricultura chilena.
Por Eduardo Schwerter, Presidente de Agrollanquihue
Fuente: Agrollanquihue AG