La propuesta constitucional en proceso de armonización ha consignado que será: 'Deber del Estado asegurar la soberanía y seguridad alimentaria. Para esto promoverá la producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación sana y adecuada, el comercio justo y sistemas alimentarios ecológicamente responsables' (Borrador Nueva Constitución, 321.- Artículo 17).
Así también, el borrador constitucional propone el 'Derecho a la alimentación adecuada. Toda persona tiene derecho a una alimentación saludable, suficiente, nutricionalmente completa, pertinente culturalmente y adecuada. Este derecho comprende la garantía de alimentos especiales para quienes lo requieran por motivos de salud.
El Estado garantizará en forma continua y permanente la disponibilidad y el acceso a los alimentos que satisfagan este derecho, especialmente en zonas aisladas geográficamente. Adicionalmente, fomentará una producción agropecuaria ecológicamente sustentable, la agricultura campesina, la pesca artesanal, y promoverá el patrimonio culinario y gastronómico del país' (Borrador Nueva Constitución, 289.- Artículo 21).
El derecho a la alimentación se ha validado y consensuado transversalmente, considerando que este derecho es tratado en diversas legislaciones como un derecho básico y humano; sin embargo, el cuestionamiento se ha producido en cómo garantizarlo, si es a través de la seguridad alimentaria o soberanía alimentaria.
Es fundamental considerar en estas definiciones que el desarrollo del sector agrícola y el significativo incremento en la producción, exportación de frutas y otros commodities, han sido un importante impulsor del crecimiento económico nacional, lo que se debería fortalecer; sin embargo, es necesario atender también que la disminución de la producción interna de ciertos cultivos clave para la alimentación humana, como cereales y leguminosas, está ampliando la vulnerabilidad del país en caso de existir alguna perturbación importante en la producción o venta internacional de dichos productos, como así se ha evidenciado durante la pandemia y en la actual guerra de Ucrania y Rusia.
La FAO ha alertado que la oferta alimentaria interna de Chile se podría ver afectada en el mediano plazo por variaciones súbitas en los flujos globales de alimentos; por ende, se hace urgente mantener abiertos los canales de cooperación internacional y a su vez desarrollar estrategias que garanticen una soberanía alimentaria.
Frente a este desafío, como Colegio gremial, hemos impulsado el propender a un desarrollo productivo sustentable, económico, ambiental y socialmente armónico y viable, que garantice la existencia de agroecosistemas con fines nacionales y de exportación, bajo los preceptos de la libertad de emprendimiento y la importancia de la ruralidad, para enfrentar el desafío de cubrir las necesidades de alimentos tanto interna como las que deberemos aportar a nivel global en consecuencia con las demandas proyectadas por el aumento de la población mundial, así como por los efectos derivados del cambio climático y posibles disrupciones del mercado internacional.
De acuerdo con el World Resources Institute, Chile ocupa el puesto número 18 de los países en crisis hídrica, situación que no es temporal sino estructural, lo que dificulta una total autonomía productiva, determinando nuestra necesidad de mantenernos en el sistema global de mercado, sin descuidar, por cierto, el fomento productivo nacional, en particular de aquellas especies que son esenciales y estratégicas para el desarrollo y seguridad.
Por Francisco Corral Macías. Vicepresidente Consejo General, Presidente Comisión de Seguridad y Defensa Alimentaria. Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile AG.
Fuente: El Mercurio - Revista del Campo
