Con 'fuerte oposición' cerró su tramitación en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputado el proyecto que crea el nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, comenta Jorge Sabag, presidente de la Comisión de Agricultura. Sus integrantes terminaron la votación en particular del proyecto el martes 8 de septiembre, con lo que quedó despachado para que pase a análisis en la Comisión de Pesca.
Sabag, pese a ser de oposición, en las votaciones inclinó la balanza en favor de la iniciativa del gobierno, luego que las votaciones terminaran por lo general en 7 votos a favor del articulado y 6 en contra.
'Por supuesto que durante la tramitación hay que perfeccionar el proyecto, pero me quedo con la idea matriz de que aquí hay que anticiparse a un problema grande que se nos viene, como es la alimentación y la seguridad alimentaria', señala, refiriéndose a la necesidad que impondrá producir alimentos para la población de 2050.
Por su parte, Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram, el cambio no se justifica. 'Este es un proyecto que no tiene mucho futuro, ya que no genera consensos, más bien lo contrario. Por una parte, el sector forestal se siente marginado del proceso y no considerado en sus demandas, y algo similar ocurre con los sectores de pesca y acuicultura'.
Para el ministro de Agricultura, Antonio Walker, conectado en forma remota con la comisión, este cambio es necesario, para los nuevos desafíos que impone el futuro, incluida la necesidad de que el sector pesca 'vuelva a su casa' donde estuvo hasta 1978. 'Creo que nos podemos hacer cargo de la pesca con mucha más convicción para entender la realidad del mundo pesquero que en Economía'.
Los temas en disputa
El traspaso de la Subsecretaría de Pesca es uno de los temas que ha estado en la polémica. La propuesta considera que el sector se tranforme en parte del Ministerio de Agricultura, dado el tamaño que ha adquirido el sector pesquero, incluido el cultivo acuícola.
No todos están convencidos. La Asociación Gremial de Mitilicultores de Chile, AmiChile, en una intervención ante la comisión, señaló que el cambio puede representar una oportunidad para relevar la importancia de ese sector, sin embargo, consideran que no es suficiente radicar todos los alimentos en un solo ministerio. 'Son aún, muchas las interrogantes, que nos hacen dudar sobre el real beneficio que este cambio de institucionalidad va a ocasionar sobre la acuicultura en general, y sobre la mitilicultura en particular, conociendo la gran cantidad de desafíos y problemáticas, que ya enfrenta por sí solo, el Ministerio de Agricultura', indican.
Otros enfoques plantearon incluso que pesca y otros temas afines debieran quedar en un Ministerio del Mar.
Para Terram el tema no es dónde queda cada cosa. 'Lo que pensamos es que antes de decidir cambios en la estructura de la institucionalidad pública deberíamos tener una discusión profunda de cara a la sociedad que queremos como país en este ámbito considerando escenarios de vulnerabilidad y cambio climático. Consideramos que no podemos continuar como país avalando una visión productivista orientada a la exportación, la cual genera enormes impactos ambientales', plantea Flavia LIberona.
Otra disputa se da con funcionarios del Ministerio de Salud, que se oponen a que Agricultura se haga cargo, como plantea el proyecto, de la producción de alimentos y hasta la distribución, la que quedará en manos de Salud hasta la llegada a consumidor.
Lo tradicional es que Agricultura se encargue de la producción primaria, y cuando el producto se transforma en alimento cuyo consumo puede afectar la salud de las personas, esté en manos de Salud.
'Se ha renunciado a proteger la salud de la población al permitir que tareas que son propias de Salud puedan migrar desde la Autoridad Sanitaria, particularmente aquellos referidos a la nutrición e inocuidad alimentaria', planteó la Federación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública al referirse al tema.
La otra consulta
Otra gran discusión fue respecto de si la nueva legislación implica una consulta a los pueblos originarios que podrían verse afectados, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT.
Sobre esto el Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Social, que es la entidad que debe decidir, planteó que esta no es necesaria
Noticia relacionada
Fuente: Revista del Campo
